“No hay agua ni para bañar a mi nieto”.
Así lo declaró el exdiputado Etibar Alíyev, manifestando su indignación ante la crítica situación del suministro de agua en el país.
El exparlamentario señaló que la escasez de agua durante los meses de verano ha alcanzado niveles catastróficos. Los representantes de la empresa suministradora respondieron a las quejas ciudadanas afirmando que, en varias zonas, el agua sólo se distribuye durante 4, 8 o 12 horas al día.
Esta situación plantea una pregunta clave: ¿son legales estas restricciones en momentos de máxima necesidad de agua?
El abogado Vusal Jafarov, analizando la situación, fue categórico: la legislación vigente de Azerbaiyán no contempla el suministro de agua por horarios como una práctica legítima.
“Al contrario, según la Ley de Suministro de Agua y Aguas Residuales, el corte del suministro sólo está permitido en casos muy concretos y limitados”, subrayó.
El artículo 12 de dicha ley establece claramente que las empresas suministradoras están obligadas a organizar un sistema eficiente y continuo de distribución de agua dentro de su área de responsabilidad, y a mantenerlo en funcionamiento. La legislación detalla claramente las situaciones excepcionales en las que se permite la suspensión: petición escrita del consumidor, trabajos de reparación, problemas ambientales en las fuentes, o deudas por impago.
“La ley no contempla la distribución de agua por horarios, es decir, con interrupciones de 4, 8 o 12 horas, para ningún fin. Si no hay una emergencia o causa técnica, esta práctica es ilegal”, explicó Jafarov.
El abogado también recordó el artículo 27, según el cual, si el corte se debe a trabajos técnicos, estos deben terminar en un plazo determinado y la población debe recibir acceso a fuentes alternativas de agua.
“Según el artículo 29, sólo el suministro de agua para riego o fines públicos puede suspenderse en caso de escasez de recursos”, añadió.
Jafarov concluyó que, aunque la administración justifica las restricciones con problemas técnicos e infraestructurales, no está claro en qué norma o documento interno se basa la decisión.
“Esto genera dudas tanto de transparencia como de legalidad”, recalcó Jafarov.
