Un ciudadano en Azerbaiyán que había estado recibiendo asistencia social dirigida ha sido obligado a devolver los pagos emitidos hace dos años.
El caso salió a la luz después de una publicación en redes sociales en la que el beneficiario compartió la notificación oficial. Según la carta, el ciudadano debe devolver los fondos en un plazo de 10 días hábiles. La notificación, emitida por la Sucursal Central para el Examen de las Condiciones de los Hogares del Fondo Estatal de Protección Social bajo el Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población, establece:
“Le informamos que en su asistencia social estatal dirigida se identificó una discrepancia (con base en el punto 4 de las Reglas sobre la solicitud, concesión, emisión y rechazo de la asistencia social estatal dirigida, aprobadas por la Resolución No. 37 del Consejo de Ministros del 5 de febrero de 2016, debido al empleo no confirmado de un miembro de la familia).
Del 1 de enero de 2023 al 1 de julio de 2023, usted recibió un total de 3.035,15 manats (unos 1.785 dólares) en pagos en exceso. Usted debe devolver esta suma a la cuenta del fondo dentro de los 10 días hábiles. De lo contrario, se tomarán medidas de acuerdo con la ley.”
El asunto planteó preguntas sobre si el Estado puede exigir legalmente la devolución de ayudas sociales previamente asignadas.
Según Oxu.az, el abogado Alimamed Nuriyev explicó que la Resolución No. 37 efectivamente regula la provisión de asistencia social dirigida, y que el Código Civil y el Código de Infracciones Administrativas también incluyen disposiciones sobre la devolución de pagos indebidos del Estado.
“Al solicitar asistencia social, el ciudadano debe proporcionar información precisa sobre la composición familiar, los ingresos y el empleo. Los pagos realizados sobre la base de información falsa o incompleta están sujetos a devolución. Si un ciudadano ocultó deliberadamente hechos, entonces el organismo estatal puede legalmente exigir la devolución, incluso a través de los tribunales,” dijo Nuriyev.
Añadió que si el beneficiario considera que la notificación es incorrecta — por ejemplo, si se presentó prueba de empleo pero no fue tomada en cuenta — tiene derecho a apelar.
“Las quejas pueden presentarse primero ante el Ministerio de Trabajo y Protección Social o el Fondo Estatal de Protección Social. Si el problema no se resuelve, el ciudadano puede impugnar la decisión en el tribunal administrativo. Si se confirma la discrepancia, la devolución es requerida por la ley. Pero si la decisión carece de fundamento, puede anularse mediante recursos legales,” señaló.
