La Defensora del Pueblo de Azerbaiyán criticó duramente las nuevas tarifas de taxi en el Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, advirtiendo que el sistema es discriminatorio, inconstitucional y dañino para la competencia justa.
Tras una misión de monitoreo, la Oficina del Defensor del Pueblo concluyó que el esquema especial de precios del aeropuerto infla artificialmente las tarifas, limita la elección de los pasajeros, margina a los conductores con licencia y alimenta el descontento público. Los hallazgos indican que la política viola el Artículo 25 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley, y el Artículo 59, que protege la libre empresa, así como disposiciones clave de la legislación de competencia del país. Los pasajeros dicen que los nuevos precios los dejan sin alternativas reales. “Un viaje a la ciudad me costaba 15–20 manats. Ahora es casi el doble. Siento que nos obligan a pagar lo que decidan,” dijo un viajero. Otro añadió: “No hay una verdadera opción. O pagas la tarifa del aeropuerto o sales con tu equipaje esperando encontrar otro coche.”
Los conductores también expresaron frustración. “Perdemos clientes porque muchos pasajeros no pueden pagar estas tarifas infladas. Algunos prefieren salir del terminal y pedir un taxi normal con una aplicación,” dijo un taxista. Otro recalcó que el sistema está diseñado para excluir la competencia: “El sistema favorece a un solo operador. Los conductores independientes como nosotros quedamos fuera, incluso si tenemos licencia.”
Expertos legales argumentan que la política no puede resistir un examen constitucional. La abogada Ellada Bayramova dijo a Globalinfo.az que un sistema que crea privilegios para ciertos operadores mientras excluye a otros equivale a una violación de la igualdad y de la libre empresa.
Subrayó que cualquier régimen tarifario que distorsione el mercado, restrinja la competencia y margine a los conductores con licencia “no puede ser legalmente sostenible a largo plazo.”
La Defensora del Pueblo se comprometió a presentar una apelación formal a organismos estatales, incluido el Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía y las agencias antimonopolio, pidiendo un mecanismo de precios transparente y acceso igualitario para todos los proveedores de taxis con licencia.
