En Armenia se desarrolla un auténtico otoño político candente. El gobierno de Nikol Pashinián ha entrado en una lucha sin concesiones contra las fuerzas que se le oponen. Estas fuerzas se agrupan principalmente en torno a los expresidentes Kocharián y Sargsián, y sobre todo a la Iglesia armenio-gregoriana, que los inspira a nuevos “heroísmos” en el ámbito de la turcofobia y la azerbaiyanofobia militantes.
Los arrestos de varios opositores, incluido el alcalde de Gyumri, así como de los más fervientes servidores del catolicosado, que ve el mundo a través del prisma de la ideología misantrópica del “gran armenismo”, han llevado la vida política interna de Armenia al borde de graves conmociones. Todo esto son señales de una lucha que precede a las elecciones de 2026.
Si Armenia elige en esas elecciones a los opositores revanchistas, significará que opta por la guerra. Pero en una nueva guerra, a diferencia de la de 44 días en 2020, ningún factor de contención podrá detener a Azerbaiyán. Por tanto, Armenia estará condenada a perecer en el abismo de una nueva y devastadora catástrofe provocada por su propia elección.
En cambio, una elección del pueblo armenio a favor de la actual fuerza gobernante podría ofrecer la oportunidad de establecer una nueva realidad en condiciones de paz y cooperación con los estados túrquicos vecinos. Pero para ello, el liderazgo armenio debe ser mucho más coherente en su decisión por la paz. Sin embargo, el ejemplo del ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, quien critica regularmente a Azerbaiyán por exigir la modificación de la constitución armenia como condición para la firma del tratado de paz, demuestra lo contrario.
En una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, presidenta en ejercicio de la OSCE, Elina Valtonen, así como en una entrevista con Deutsche Welle, Mirzoyan volvió a rechazar la legítima exigencia de Bakú de eliminar de la constitución armenia las reclamaciones sobre los territorios de Azerbaiyán.
“Armenia no acepta la exigencia de Bakú de modificar la constitución para firmar un tratado de paz”, declaró Mirzoyan en su encuentro con Valtonen. Añadió: “Armenia nunca ha asumido ni asumirá compromisos ante terceros para cambiar su constitución”. Repitió esta idea en una entrevista con el influyente medio alemán: “En cuanto a la firma del tratado de paz, lamentablemente la parte azerbaiyana plantea una condición previa. Consideran que existe un problema en nuestra constitución y por ello quieren que introduzcamos enmiendas. Es una condición que no aceptamos, aunque tenemos una agenda sobre posibles cambios o la adopción de una nueva constitución.”
El último aspecto mencionado por Mirzoyan —la existencia de una agenda para modificar la constitución— coincide claramente con la perspectiva de la firma de un tratado de paz. Sin embargo, presentar esa agenda rechazando la condición de Azerbaiyán equivale a negar que Armenia, durante décadas, haya presentado reclamaciones sobre los territorios de Azerbaiyán y que, basándose en esas reclamaciones constitucionales, haya ocupado Karabaj y Zanguezur Oriental. Además, el objetivo de firmar un tratado de paz con Azerbaiyán, en cualquier circunstancia —incluso si Armenia no tuviera previsto revisar su constitución—, requeriría la eliminación total de cualquier indicio de reclamación territorial de su legislación.
Por tanto, Mirzoyan no tiene motivos para fingir ser un héroe, ya que no lo es en absoluto. Si no fuera por las exigencias de Azerbaiyán y su guerra victoriosa, a los dirigentes armenios ni siquiera se les habría pasado por la cabeza renunciar a sus reclamaciones territoriales. Las reformas constitucionales que planeaban se referían únicamente a cuestiones internas político-jurídicas. La negativa de Mirzoyan a aceptar la condición de Azerbaiyán para la firma del tratado de paz solo confirma la verdadera razón por la que las autoridades armenias se ven obligadas a eliminar sus reclamaciones territoriales constitucionales: la fuerte presión de Bakú. Una presión tan intensa que no debe quedar ni rastro de las pretensiones armenias sobre los territorios de Azerbaiyán en su política ni en su legislación.
