El Servicio de Seguridad del Estado (SSS) ha incautado criptomonedas vinculadas a un delito cometido por una organización criminal, en el marco de un caso penal abierto.
La decisión fue adoptada por el Tribunal del distrito de Sabaíl, en Bakú.
De acuerdo con el artículo 99-1 del Código Penal, la “confiscación especial” implica la incautación forzosa y sin compensación, a favor del Estado, de los instrumentos utilizados en la comisión del delito, así como de los bienes obtenidos ilícitamente.
La ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establece que los bienes obtenidos ilícitamente incluyen dinero, bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, así como los activos virtuales generados directa o indirectamente mediante delitos tipificados en el Código Penal.
En consecuencia, en el caso penal contra B.J.R. y otros acusados, se ordenó el embargo de sus criptomonedas identificadas como producto del delito, decisión que fue enviada a los proveedores internacionales de servicios de activos virtuales para su ejecución.
