El mercado inmobiliario de Azerbaiyán experimenta un crecimiento acelerado y se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y rentables de la economía nacional. Los agentes inmobiliarios desempeñan un papel clave en este ámbito: miles de ellos gestionan a diario compraventas, alquileres y otras transacciones. Sin embargo, su actividad sigue desarrollándose sin una base jurídica específica.
Paradójicamente, a pesar de la magnitud del sector y del número de profesionales implicados, la actividad inmobiliaria no cuenta con un reconocimiento oficial por parte del Estado. La falta de una legislación especializada genera inseguridad jurídica y dificultades tanto para los agentes como para los ciudadanos.
El experto en bienes raíces Vugar Orudj subraya que el marco legal es esencial:
“La regulación oficial y los contratos legalmente vinculantes son necesarios no solo para los ciudadanos y las autoridades fiscales, sino también para los propios agentes. Sin una base legal sólida, ninguna parte puede estar plenamente protegida.”
La ausencia de regulación provoca problemas diversos: los agentes a menudo no reciben su remuneración justa; los clientes no pueden reclamar eficazmente sus derechos; y los propietarios enfrentan obstáculos administrativos en los registros de propiedad.
“Todos estos problemas derivan directamente de la falta de supervisión estatal del sector inmobiliario”, afirma Orudj.
El especialista propone establecer asociaciones profesionales de agentes, códigos de ética, sistemas de certificación y una ley que defina derechos y obligaciones para todos los actores del mercado. Según él, el Estado debería promover una competencia sana en lugar de imponer restricciones.
Por su parte, el abogado Samir Gassimov señala que, aunque no existe una ley específica, hay mecanismos jurídicos indirectos:
“El Código Civil contempla contratos de comisión, intermediación o mandato. En ellos, el agente ayuda a una de las partes en una operación inmobiliaria y recibe una compensación por su trabajo.”
El jurista recuerda que, por ley, el agente solo puede recibir honorarios de una de las partes, no de comprador y vendedor al mismo tiempo. Añade que la falta de contratos escritos dificulta la defensa de los derechos en caso de conflicto.
