BAKÚ, 21 de julio — Las autoridades fiscales de Azerbaiyán han endurecido su ofensiva contra el fraude y la evasión fiscal, al abrir 466 causas penales durante los primeros seis meses de 2025, según informó el Servicio Estatal de Impuestos.
Las investigaciones, lideradas por el Departamento Principal de Investigación Preliminar de Delitos Fiscales, se centran principalmente en evasión de impuestos, contratación ilegal de trabajadores sin contrato laboral, fabricación y venta de sellos de impuestos falsificados, y transferencias monetarias no autorizadas.
Durante el periodo, 90 casos fueron cerrados, mientras que 76 casos que involucran a 86 personas fueron remitidos a la Fiscalía General para evaluar la formulación de cargos. Tres personas fueron arrestadas como sospechosas en el marco de estas investigaciones.
Los casos finalizados y otras acciones relacionadas permitieron recuperar 23 millones de manats en pérdidas para el presupuesto estatal. Además, se aseguraron 15,9 millones de manats a través de investigaciones en curso y medidas administrativas.
En paralelo, entre enero y junio se llevaron a cabo 104 operativos de control fiscal en 44 contribuyentes que operan en sectores como importación, comercio al por mayor y menor, manufactura y servicios de restauración. Estas auditorías derivaron en multas por un total de 555.800 manats.
Uno de los focos principales sigue siendo la contratación informal. Las autoridades detectaron 126 trabajadores empleados sin contrato, práctica habitual entre pequeñas y medianas empresas pese a las campañas de control.
Además, las acciones preventivas aplicadas a contribuyentes con deudas tributarias permitieron recuperar 1 millón de manats adicionales para las arcas públicas.
Pese a que las autoridades destacan estas acciones como parte de un esfuerzo integral por reforzar la disciplina fiscal, expertos independientes advierten que el sistema de control actual podría estar cargando con excesivo rigor a las pequeñas empresas, mientras que infractores con vínculos políticos suelen quedar impunes. Grupos de transparencia exigen mayor supervisión pública, penalizaciones equitativas y reformas judiciales para garantizar un sistema tributario más justo y transparente.
