BAKÚ, 22 de julio — A partir de ahora, los emprendedores individuales en Azerbaiyán —aquellos que ejercen actividades económicas sin constituir una persona jurídica— deberán notificar a la autoridad fiscal sobre su declaración de bancarrota en un plazo máximo de 15 días desde la fecha en que se declare o concluya el proceso.
Según informó la agencia estatal Azertag, el presidente Ilham Aliyev firmó enmiendas al Código Tributario y a la Ley “Sobre el registro estatal y el registro de personas jurídicas”. Las nuevas disposiciones buscan mejorar la transparencia financiera y proteger los derechos tanto de los deudores como de los acreedores.
Las reformas establecen que los datos de personas físicas sujetas a procedimientos de bancarrota deberán reflejarse en el registro fiscal correspondiente. Del mismo modo, toda modificación relacionada con personas jurídicas deberá actualizarse en el registro estatal en un plazo de 15 días, reduciendo significativamente el margen anterior de 40 días.
Desde el gobierno destacan que estas medidas permitirán una supervisión más precisa y eficaz del estado financiero de empresas y emprendedores, favoreciendo una gestión más responsable del riesgo e incrementando la protección legal sobre los activos en proceso de liquidación.
Además, cualquier cambio en la dirección o en los datos previamente registrados por un contribuyente también deberá ser comunicado a las autoridades fiscales en un plazo de 15 días. Para las personas jurídicas, se exige actualizar cualquier modificación en sus documentos fundacionales dentro del mismo periodo, bajo pena de no reconocimiento administrativo.
Dado que el número de identificación fiscal (NIF) se asigna a las personas jurídicas desde su registro oficial, estas reformas contribuirán a mantener una base de datos más precisa y actualizada, alineada con la realidad operativa de los contribuyentes.
Esta modernización normativa forma parte de una estrategia más amplia del Estado para agilizar los procesos administrativos, fomentar un entorno empresarial más transparente y garantizar mayor seguridad jurídica en los casos de insolvencia.
