El gobierno ruso ha propuesto al presidente Vladímir Putin la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, consolidando así su ruptura con las normas jurídicas europeas.
La medida contempla denunciar tanto el convenio de 1987 como sus protocolos adicionales de 1993, según la resolución del gabinete. Una vez aprobada, la propuesta será enviada a la Duma Estatal para su ratificación.
Críticos advierten que no se trata de un mero trámite legal, sino de una luz verde para el abuso sistemático. Al abandonar uno de los principales instrumentos europeos de derechos humanos, Rusia elimina el último mecanismo externo que supervisaba el trato a los detenidos. Observadores de derechos humanos alertan de que este paso podría abrir la puerta a torturas generalizadas, encarcelamientos políticos y duros castigos contra la disidencia en un clima cada vez más autoritario.
Rusia se adhirió al convenio en 1996, pero su influencia decayó tras la salida del Consejo de Europa en 2022. Desde entonces, Moscú ha desmantelado salvaguardas legales y abandonado también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en una retirada deliberada de la supervisión internacional.
Analistas ven en esta decisión parte de la estrategia del Kremlin para institucionalizar la represión sin rendir cuentas. Con las cárceles llenándose de presos políticos, objetores al servicio militar y minorías étnicas perseguidas bajo leyes represivas, la ausencia de monitoreo externo podría convertir los centros de detención en verdaderos agujeros negros para los derechos humanos.
