Cada agosto, el mercado inmobiliario de Bakú se convierte en una lucha feroz. Miles de estudiantes y jóvenes profesionales llegan a la capital, y los propietarios huelen la oportunidad. Lo que debería ser un momento emocionante — prepararse para un nuevo curso académico — se convierte en una pesadilla financiera para las familias de todo el país.
Este año los alquileres vuelven a subir. Los departamentos de una habitación en edificios antiguos parten de 400 manats, mientras que las opciones de dos y tres habitaciones alcanzan los 500–700. En urbanizaciones nuevas, los caseros piden 8–10 manats por metro cuadrado, lo que hace que incluso los pisos medianos sean inasequibles para muchos. ¿Cerca del metro? Espere un recargo del 30%.
Seamos claros: no se trata de agentes inmobiliarios codiciosos. Los corredores cobran una comisión única y prefieren cerrar acuerdos rápidos y accesibles. Los verdaderos culpables son los propietarios, que utilizan el aumento anual de la demanda como arma. Saben que los estudiantes y sus familias no tienen otra opción que pagar.
¿El resultado? La educación queda rehén de la vivienda. Familias que deberían invertir en libros, matrículas y futuro, se ven obligadas a destinar miles al alquiler. Para unos, significa recortar lo esencial; para otros, endeudarse.
Los funcionarios presumen de “ciudades inteligentes” y “oportunidades para la juventud”, pero ¿dónde está la política de vivienda asequible? ¿Dónde están los dormitorios estudiantiles dignos y modernos? En lugar de atacar los problemas sistémicos, las autoridades dejan a los jóvenes a merced de un mercado que los ve no como estudiantes, sino como cajeros automáticos.
Mientras no haya regulación real, o al menos una política que amplíe las opciones de vivienda asequible, Bakú seguirá atrapado en este ciclo vicioso: cada agosto los estudiantes se mudan, los propietarios cobran y las familias pagan la cuenta.
La educación debería ser una escalera de oportunidades, no un lujo reservado a quienes pueden costear alquileres inflados. La pregunta ahora es simple: ¿actuará el gobierno, o dejará que otra generación de estudiantes se hunda bajo el peso de un alquiler que nunca debieron pagar?
